Elecciones andaluzas
Una vez iniciado, el incumplimiento de los requisitos establecidos en cada uno de estos procedimientos determinaba un plazo de cinco años durante el cual las provincias o islas correspondientes no podrían solicitar la autonomía al amparo del mismo artículo. [4] [7] Adicionalmente, el artículo 144 preveía un procedimiento excepcional en virtud del cual las Cortes Generales podían, por «razones de interés nacional»: a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no excediera del de una provincia y no reuniera los requisitos del artículo 143; b) Autorizar la aprobación de estatutos de autonomía para territorios no integrados en la organización provincial; y c) Sustituir la iniciativa de los ayuntamientos a que se refiere el artículo 143.[10]
El proceso autonómico andaluz tuvo su origen en una serie de acontecimientos ocurridos a finales del siglo XIX y principios del XX que alimentaron el nacionalismo andaluz: la Revolución Gloriosa de 1868, la Revolución Cantonal de 1873, la Constitución Federal para Andalucía de 1883 (apodada como la «Constitución de Antequera») y el movimiento autonomista liderado por Blas Infante entre 1910 y 1936, con la Asamblea de Ronda de 1918 adoptando una bandera y un emblema regionales, la Asamblea de Córdoba de 1919 o los Centros Andaluces. La proclamación de la II República Española propició que en 1932 se reuniera la Diputación de Sevilla, redactándose un proyecto de estatuto de autonomía para cumplir con la normativa prevista en la Constitución Española de 1931; sin embargo, este proceso autonómico inicial se apagó con el estallido de la Guerra Civil Española y el fusilamiento de Infante por las fuerzas franquistas[15].
Andalucía España
Una comunidad autónoma es la división política de primer nivel del Reino de España, establecida de acuerdo con la Constitución Española. El artículo segundo de la Constitución reconoce el derecho de «las regiones y nacionalidades» al autogobierno y declara la «indisoluble unidad de la nación española».
El poder político en España está canalizado por un gobierno central y 17 comunidades autónomas. Estos gobiernos regionales son responsables de las escuelas, las universidades, la sanidad, los servicios sociales, la cultura, el desarrollo urbano y rural y, en algunos lugares, la policía. También hay dos ciudades autónomas. En total, el sistema de autonomías ha hecho de España un país «notable por la amplitud de las competencias transferidas pacíficamente en los últimos 30 años» y «extraordinariamente descentralizado»: el Gobierno central sólo representa el 18% del gasto público; los gobiernos regionales, el 38%; los ayuntamientos, el 13%; y la Seguridad Social, el resto.
Andaluz
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El presente Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 37 y 54 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre. Se dicta en el ejercicio de las competencias autonómicas andaluzas en materia de turismo, derivadas del artículo 71 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
La actividad de guía de turismo estaba regulada con anterioridad a la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, por el Decreto 214/2002, de 30 de julio, por el que se regulan los guías de turismo de Andalucía. La presente norma tiene por objeto adaptar la regulación del guía de turismo, por un lado, a la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, simplificando los procedimientos y trámites aplicables para el acceso a esta actividad de servicios y su ejercicio y, por otro, a la normativa vigente en materia de educación y formación, en concreto a la que define el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, aprobado por Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio,.
Andalucía
La primera reforma constitucional tuvo lugar en 1992 y se consideró necesaria para ratificar el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht supuso el paso de una unión económica a una unión política e introdujo la ciudadanía de la UE. Se concedió a los ciudadanos de la UE el derecho a votar y presentarse como candidatos en las elecciones locales de su lugar de residencia.
La modificación se llevó a cabo por el procedimiento general y sin referéndum. La propuesta de reforma constitucional, presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, siguió un procedimiento de urgencia y especial según el cual la propuesta de reforma sólo se debatió y votó en el pleno del Congreso y del Senado (sin debatirse en las respectivas comisiones parlamentarias), y se redujeron los plazos. En consecuencia, se cercenó el papel de los grupos minoritarios y el debate parlamentario.Nota 12
Veintinueve diputados y siete senadores solicitaron un referéndum, pero no alcanzaron el mínimo de una décima parte de todos los miembros que exige el Art. 167 – lo que habría supuesto al menos treinta y cinco diputados o veintisiete senadores.Nota 13