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Definición jurídica de discriminación en el lugar de trabajo

(1) las discapacidades físicas o mentales no merman en modo alguno el derecho de una persona a participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad; sin embargo, muchas personas con discapacidades físicas o mentales se han visto impedidas de hacerlo debido a la discriminación; otras personas que tienen un historial de discapacidad o que se considera que tienen una discapacidad también han sido objeto de discriminación;

(2) históricamente, la sociedad ha tendido a aislar y segregar a las personas con discapacidad y, a pesar de algunas mejoras, estas formas de discriminación contra las personas con discapacidad siguen siendo un problema social grave y generalizado;

(3) la discriminación contra las personas con discapacidad persiste en áreas tan críticas como el empleo, la vivienda, los alojamientos públicos, la educación, el transporte, la comunicación, el ocio, la institucionalización, los servicios sanitarios, el voto y el acceso a los servicios públicos;

(5) las personas con discapacidad se enfrentan continuamente a diversas formas de discriminación, incluida la exclusión deliberada, los efectos discriminatorios de las barreras arquitectónicas, de transporte y de comunicación, las normas y políticas sobreprotectoras, la no introducción de modificaciones en las instalaciones y prácticas existentes, las normas y criterios de cualificación excluyentes, la segregación y la relegación a servicios, programas, actividades, prestaciones, puestos de trabajo u otras oportunidades inferiores;

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La Ley de Vivienda Justa protege a las personas contra la discriminación cuando alquilan o compran una casa, obtienen una hipoteca, buscan ayuda para la vivienda o participan en otras actividades relacionadas con la vivienda. Se aplican protecciones adicionales a las viviendas con ayuda federal.

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La Ley de Vivienda Justa cubre la mayoría de las viviendas. En circunstancias muy limitadas, la Ley exime a los edificios ocupados por sus propietarios que no tengan más de cuatro unidades, a las viviendas unifamiliares vendidas o alquiladas por el propietario sin recurrir a un agente, y a las viviendas gestionadas por organizaciones religiosas y clubes privados que limiten la ocupación a sus miembros.

Los proveedores de viviendas deben realizar los ajustes razonables y permitir las modificaciones razonables que puedan ser necesarias para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de su vivienda. Obtenga más información sobre ajustes razonables aquí.

Discriminación legal frente a discriminación ilegal

La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) establece el salario mínimo, el pago de horas extraordinarias, el mantenimiento de registros y las normas de trabajo infantil que afectan a los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial en el sector privado y en los gobiernos federal, estatal y local.

Los trabajadores cubiertos, no exentos, tienen derecho a un salario mínimo de 7,25 dólares por hora a partir del 24 de julio de 2009. Se aplican disposiciones especiales a los trabajadores de Samoa Americana y la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte. Los trabajadores no exentos deben cobrar las horas extraordinarias a una tasa no inferior a una vez y media su salario regular después de 40 horas de trabajo en una semana laboral.

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La FLSA no prevé el pago de salarios ni procedimientos de cobro de los salarios o comisiones habituales o prometidos de un empleado que superen los exigidos por la FLSA. No obstante, algunos Estados cuentan con leyes en virtud de las cuales pueden presentarse tales reclamaciones (que a veces incluyen prestaciones complementarias).

Todos los empleados de determinadas empresas que tengan trabajadores dedicados al comercio interestatal, que produzcan bienes para el comercio interestatal, o que manipulen, vendan o trabajen de cualquier otro modo con bienes o materiales que hayan sido trasladados o producidos para dicho comercio por cualquier persona, están cubiertos por la FLSA.

Ley de Igualdad de 2010

En el 32.º aniversario de la ADA, la OCR y el Departamento de Justicia publicaron una guía conjunta en la que explican cómo se aplican a la telesalud varias leyes federales que abordan la no discriminación por motivos de discapacidad, raza, color y origen nacional, entre ellas la ADA, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Sección 1557 de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. Aunque la telesalud tiene muchas ventajas, el acceso a la atención a través de ella puede plantear dificultades a determinados grupos de población. A veces, si no se abordan, estos problemas pueden dar lugar a que estas poblaciones se enfrenten a obstáculos y problemas para acceder a esta atención. La guía incluye información sobre cómo se aplican las protecciones de los derechos civiles a la telesalud, y herramientas útiles para que los proveedores comprendan sus obligaciones y los pacientes sus derechos en este ámbito.

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La Administración Biden-Harris ha puesto en marcha una nueva iniciativa para ampliar la disponibilidad de pruebas a domicilio más accesibles para las personas ciegas o con baja visión. Las pruebas funcionan con un teléfono inteligente compatible con Bluetooth y una aplicación gratuita que proporciona a los usuarios instrucciones y resultados audibles. Más información sobre las pruebas.

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